Desde hace más de dos años los y las trabajadoras del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista vienen denunciando la política antisindical que los empleadores vienen desarrollando en dicha institución. Como parte de una política gubernamental que se implantó en todo el país desde el año 2000, el ex ministro Pedro Morejón promovió un sindicato paralelo como una manera de restar fuerza al sindicato clasista, fracasando en su propósito. Esa política de intervenir en la vida sindical continúa desde el Ministerio de las Comunas.

Es importante destacar que el sindicato abrumadoramente mayoritario identificado con las siglas de Sintrainces es un ejemplo de cómo líderes que simpatizan y adversan al gobierno, pueden convivir y trabajar juntos si anteponen los intereses de la masa trabajadora por encima de sus intereses particulares. Esa cualidad les permitió lograr la firma de la contratación colectiva vigente y ser hoy una sólida fuerza sindical para resistir la ofensiva patronal. La ofensiva contra el sindicato y el personal que trabaja en el Inces es permanente. La Directiva sindical denuncia que se obstaculiza la afiliación de nuevos trabajadores afirmando que esa conducta es promovida desde la Gerencia de RRHH, en franca violación a los artículos 95 y 96 de la Constitución, los Convenios N° 87 y 98 de la OIT que garantizan la protección de que deberán gozar los trabajadores y las organizaciones sindicales en el ejercicio de la Libertad Sindical. Como una manera de debilitar al sindicato, el Inces no cumple con su obligación de descontar la cuota sindical, que por cierto es bastante baja porque así lo ha querido la Directiva. El artículo 446 de la Ley Orgánica del Trabajo que remite a los Estatutos y el artículo 72 de la Convención Colectiva de Trabajo, establecen que realizar el descuento no es un asunto discrecional sino una obligación patronal.

Se sabotea las convocatorias de las asambleas a través de una política de terror amenazando al personal con el despido si participan. Según el Sindicato, en Táchira, los ciudadanos Esteban Cárdenas, Jefe de División de Infraestructura, y Juan Carlos Escalante, Director de Comunas a nivel regional, instigaron a un grupo de aproximadamente veinte 20 a que agredieran a los dirigentes sindicales en ese estado, Wolfang Crespo y Job Meza; en el estado Guárico, el gerente regional Luis Blanco saboteó asambleas y reuniones sindicales y asumió una actitud agresiva que pudo generar una situación de violencia física, la cual fue evitada por los dirigentes sindicales. Los dos hechos fueron denunciados en la Fiscalía.

La ofensiva antisindical se complementa con las reiteradas violaciones a la convención colectiva afectando a más de 14.000 trabajadores y trabajadoras, así como negándose a discutir el nuevo proyecto de convención. Nos preguntamos si para lograr la firma de la próxima convención tendrá el sindicato que interponer nuevamente una acción de amparo constitucional como ocurrió en el anterior contrato.

Marino Alvarado

Coordinador General de Provea

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.