El reciente caso del falso enfrentamiento ocurrido en Caicara del Orinoco, capital del municipio Cedeño del estado Bolívar, el pasado 13 de abril, nos recuerda la fragilidad en la cual se desarrolla el derecho a la vida en nuestro país. Según informó la agencia de noticias estatal “una comerciante llamó al número de emergencias 171 para denunciar la presencia de tres sujetos en actitud sospechosa en inmediaciones de su tienda, ubicada en la intersección de la Avenida Libertador con Calle Maracay”. Al ser alertados, los funcionarios policiales acudieron al sitio y, en un hecho confuso, resultaron muertos Sevilla José (23) y González Rooselvet (26). La versión oficial calificaba los decesos como producto de un enfrentamiento, sin embargo, un video grabado por una vecina del lugar registró como los funcionarios policiales ajusticiaban a una de las personas, revirtiendo las motivaciones hacia el abuso de poder. Por este hecho siete funcionarios de la Policía fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía.

Si Sevilla y González estaban involucrados en delitos contra la propiedad merecían ser juzgados por un tribunal con todas las garantías al debido proceso. Las organizaciones de derechos humanos defendemos no la inocencia a priori de las personas, sino su derecho a disfrutar, en igualdad de condiciones, las garantías expresadas en la Constitución y en el resto de los instrumentos jurídicos. Esta es la lógica de las ONG´s, velar por el cumplimiento del denominado “Estado de derecho” en el país. Para Provea constituye un dato muy importante cuando los familiares de las víctimas desmienten las versiones de “resistencia a la autoridad” argumentadas por las autoridades policiales, por lo que exige que sus denuncias sean investigadas por los organismos correspondientes. Los familiares deben sobreponerse al miedo y la impotencia para denunciar, con nombres y apellidos, a los funcionarios policiales. Y no en todos los casos poseen pruebas tan contundentes como un video de los sucesos.

Históricamente las violaciones de derechos humanos han contado como una de sus principales herramientas la no visibilidad de las mismas ante la opinión pública. Pinochet, Videla, Somoza y Castro pudieron violar sistemáticamente los derechos humanos al controlar toda posibilidad de que los atropellos pudieran ser denunciados a través de medios de comunicación mínimamente independientes. Las torturas y ajusticiamientos siempre ocurrieron en lugares tenebrosos, pero apartados de miradas indiscretas.

Por esta razón los avances de las tecnologías de comunicación e información se han revelado como un aliado natural de la lucha por la dignidad de las personas. Ya no hacen falta costosos equipos fotográficos o de video para registrar excesos del poder, ni gigantescas rotativas o pesados multígrafos para crear un medio que divulgue las denuncias de los afectados y afectadas. Por ello, como una estrategia de exigibilidad de derechos, las organizaciones de la sociedad civil promueven explícitamente su utilización para el registro de testimonios de los abusos policiales, bien sea en una manifestación por derechos laborales o en un desalojo arbitrario. Si un funcionario policial actúa apegado a la constitución no debe temer ni impedir que sea fotografiado o filmado en vídeo, como parte de los derechos a la información y expresión ciudadanos presentes en la Carta Magna. Como ha sido observado por Provea, los policías han convertido en una política de actuación el amedrentamiento o decomiso de celulares o cámaras de la ciudadanía, lo cual sencillamente excede sus funciones y constituye una actuación ilegal y desconocedora de la Constitución. Estos atropellos deberían motivar el pronunciamiento y actuación de la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo el video o fotografía de los excesos es insuficiente si estas pruebas no se difunden y se colocan en manos de las instituciones. Frente a cada irregularidad deben agotarse todas las estrategias de denuncia, acudiendo tanto a la Defensoría y Fiscalía como a los diferentes medios de comunicación: privados, estatales y alternativos. Aún cuando parezca que las denuncias no tienen efecto inmediato en revertirlas, cada uno de los casos públicos y notorios de violaciones a los derechos humanos entorpece la legitimidad gubernamental en diferentes niveles. Si la presión popular no logra alcanzar justicia, la incidencia de la sociedad civil de otros países en las negociaciones económicas con el Estado venezolano coloca sobre la mesa la vigencia de los derechos humanos dentro de su territorio, por ejemplo. Lo importante es no desfallecer en la denuncia, en la visibilidad, de los incumplimientos gubernamentales, lo cual debe ser acompañado por todas las evidencias posibles, como lo fue, en el caso que nos ocupa, un video de la corrupción policial.

Un reconocimiento

Coincidiendo con el cuestionamiento que hicimos desde estas páginas, el portal web APORREA ha decidido visibilizar la situación del sindicalista Rubén González, http://www.aporrea.org/actualidad/n156943.html, lo cual es una muestra de que sí es posible construir una comunicación diferente a pesar de las opciones políticas individuales. Ojalá otros portales de la llamada comunicación “alternativa y comunitaria”, como ANMCLA por ejemplo, decida visibilizar los terribles atropellos contra el gremialista de Ferrominera.

Rafael Uzcátegui
Coordinador del Área de Investigación de Provea

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