El pasado 24 de septiembre se cumplió un año de la ilegítima privación de libertad del dirigente sindical Rubén González por haber apoyado una huelga de trabajadores. El caso no constituye un hecho aislado o extraordinario, sino que se inscribe en un patrón de políticas estatales para criminalizar la protesta en el país.

Según la Fundación por el Debido Proceso Legal de México, http://www.dplf.org/uploads/1279728364.pdf, existe una cadena de acontecimientos cuyo cumplimiento revela la presencia de un modelo de criminalización. En primer lugar establecen el cierre de los canales y mecanismos de diálogo y negociación por parte del Estado, lo cual obliga a las organizaciones populares al aumento de intensidad y radicalización de sus movilizaciones (cierre de vías, huelgas de hambre, tomas simbólicas, etc.), como manera de llamar la atención de las autoridades ante la ausencia de vías institucionales de canalización y satisfacción de sus demandas. El segundo eslabón de la cadena lo constituye la progresiva deslegitimación y desprestigio contra los voceros, voceras y grupos sociales que ejercen con mayor visibilidad su derecho a la manifestación. Especialmente esta campaña de descrédito se caracteriza porque los funcionarios y funcionarias no discuten las motivaciones y hechos que generan el descontento, sino que interpelan la legitimidad de los propios actores movilizados, sugiriendo su naturaleza mercenaria, su pertenencia a un plan desestabilizador o a organizaciones extranjeras promotoras de acciones ilegales. Si bien las acusaciones son realizadas desde diferentes actores institucionales, sus cajas de resonancia más activas son medios de comunicación controlados por el Estado y profesionales (periodistas, investigadores o abogados) que si bien responden a una dinámica cuyo epicentro es el Ejecutivo, con el cual mantienen una relación indirecta, aparentan que los señalamientos son parte de la preocupación de la ciudadanía.

En tercer lugar tenemos la represión y judicialización de las manifestaciones. De esta manera el Estado enfrenta, por la vía de la dispersión violenta, movilizaciones cuyo origen es el incumplimiento de diferentes derechos. Si bien durante las décadas pasadas las fuerzas policiales y militares confrontaban físicamente las protestas como manera usual de neutralizarlas, el alto costo político de esta estrategia, en tiempos de alta circulación de imágenes por los medios de comunicación, ha privilegiado otras tácticas de disuasión, como la aplicación de leyes y reglamentos justificando que, desde el primer momento en que la protesta se desencadenó, se encontraba fuera de la ley. Por ello se realizan detenciones selectivas y se les somete a largos y engorrosos procesos penales, que aleatoriamente terminan con una sentencia de cárcel, suficientemente ejemplarizante para desestimular al conjunto de la organización social pero en una cantidad que no desencadene una respuesta de calle mayor de los sectores afectados. Esta dimensión se encuentra íntimamente ligada al último episodio de la cadena de criminalización diagnosticada por la organización mexicana: La promoción de acusaciones sin pruebas contra defensores de derechos humanos y líderes sociales con la finalidad de intimidar a todos los que se organizan para defender y revindicar sus derechos.

Provea realizó, en una oportunidad, una reunión de trabajo con la defensora del Pueblo para proponer la implementación de diferentes políticas en derechos humanos. En ese encuentro Gabriela del Mar Ramírez negó que existiera, actualmente, una política de criminalización de la protesta en Venezuela. Sin embargo, los hechos la desmienten. Existen en el país más de 2.500 casos de personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales, a la espera de una sentencia. De estas personas -como el propio Rubén González-, más del 70% son ciudadanos y ciudadanas que han manifestado su apoyo al gobierno del presidente Chávez, de igual forma los 1.500 casos denunciados por el diputado Braulio Álvarez, pertenecientes al Movimiento Campesino Jirajara. A su vez, se siguen registrando manifestantes asesinados en el contexto de protestas pacíficas por la acción de los cuerpos de seguridad. Como consecuencia de la polarización, no existen canales institucionales de resolución de conflictos contribuyendo a su vez, al aumento de la cantidad de protestas que se realizan en el país, contabilizándose, según el monitoreo realizado por Provea y Espacio Público, 9 cada día.

Si los anteriores argumentos no son suficientes, vale constatar la propia situación del secretario general de Ferrominera, un año tras las rejas por apoyar la exigencia de respeto de la contratación colectiva de los trabajadores.

Para Provea las únicas motivaciones para la privación de libertad de Rubén González son políticas, por tanto, se le considera preso político por la acción de la Fiscalía General de la República y la omisión de la Defensoría del Pueblo. Sobre las causas del ensañamiento, coincidimos con quienes sostienen que su estancia tras las rejas es un mensaje tanto para las y los trabajadores de las empresas básicas de Guayana como del resto del país. La falta de inversión y de actualización tecnológica motiva que sea la pérdida de las condiciones laborales de las y los trabajadores la que mantenga los niveles de competitividad en el mercado internacional. Es el modelo de desarrollo, primario exportador, en sintonía con la globalización el que condiciona para todos y todas las asalariadas el disfrute de sus derechos laborales. Las pésimas condiciones de trabajo y los altos índices de subempleo no son producto, como algunos aseguran, de un enfrentamiento entre el “socialismo” y la “democracia”. Comprender la naturaleza de la arquitectura económica internacional, en la que se inscribe Venezuela, es una de las precondiciones para recuperar los lazos de solidaridad horizontal entre las y los propios trabajadores y el resto de las iniciativas sociales del país. Es parte del reto que tenemos que afrontar, si no queremos perpetuar el que luchadores como Rubén González sean quijotes en una cruzada solitaria por la dignidad.

Rafael Uzcátegui
Coordinador del Área de Investigación de Provea
investigacion@derechos.org.ve
https://archivo.provea.org

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