En el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 80 indígenas manifestaron durante una semana su solidaridad con Sabino Romero, Olegario Romero y Alexander Fernández quienes llevan 10 meses privados de libertad en condiciones muy precarias.

Mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes forman parte del contingente de voces que solicitaron al TSJ un pronunciamiento que haga prevalecer la Constitución.

Que haga prevalecer el 260 de la Carta Magna que sostiene que “las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales y que sólo afecten a sus integrantes, según sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a esta Constitución, a la ley y al orden público”.

Una respuesta que se esperaba que hiciera respetar el proyecto de país expresado en ese texto, pero, que se convirtió en un nuevo episodio de su violación

Más allá de la retórica estadal que se ufana de proteger los derechos humanos y velar por los excluidos, lo que ocurre con los tres líderes indígenas, muestra que en la práctica los mismos vicios de antaño siguen ocurriendo.

Más allá del apego a la Constitución, como un nuevo proyecto de país, del país de todos, los casos de Sabino, Olegario y Alexander son la constatación que lo escrito ahí es aplicable a unos cuantos, que el Estado de Derecho es burlado por aquellos que tienen el poder. Al igual que ayer.

Más allá de los anuncios a favor de los indígenas, las situaciones que han sufrido los familiares y las comunidades de los privados de libertad son prueba que aquello no trasciende de lo verbal, solo es un ejercicio ilusorio de un mejor porvenir. Una situación que dependerá del beneficio de unos pocos y no del bien común

Un Estado de Derecho que, irónicamente, sirve para fortalecer una particular visión de país y en caso contrario las voces que señalan lo mejorable, lo que se puede perfeccionar o simplemente cambiarse resultan peligrosas y dañinas, causan ruido y pasan a formar parte del bando rival.

Un bando compuesto por indígenas que al ser señalados están siendo juzgados en condiciones desfavorables. Un bando compuesto por sindicalistas que exigen mejoras salariales y otras reivindicaciones a las que tienen derecho y obtiene la cárcel o la muerte.

Un bando compuesto por los sin techo y que obtienen promesas incumplidas o desalojos violatorios de su condición de seres humanos. Un bando compuesto por muchos que reciben el castigo y la descalificación de otros, por el simple hecho de disentir y estar en desacuerdo con la opinión vigente.

En esta oportunidad el bando de los indígenas sufre ante el silencio indiferente del Estado, y cuando emite una decisión es contraria a sus derechos. Como la que trasladó el caso a Trujillo o la que no permite la autodemarcación de tierras

Los indígenas que solicitan justicia observan, sin explicación alguna y sin la debida atención de sus reclamos, como un Estado les da la espalda.

Federico Zaá
Coordinador de Medios de Provea

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