Hablemos sobre el problema de la insuficiencia en la construcción de viviendas de interés social en el país.
Persiste y domina el perverso negocio inmobiliario
Hay un manejo perverso del negocio inmobiliario, controlado por cuatro (4) Cámaras Privadas (APIUR, Cámara Inmobiliaria, Cámara de Bienes y Raíces, y Cámara de la Construcción), las cuales, sin criterios científicos, técnicos y humanos, solo con los antivalores de la explotación, la usura, la estafa, el engaño… son las que actualmente establecen los precios de la vivienda del país. Tienen el descaro de atribuir a las edificaciones “viejas” la plusvalía por las inversiones que realiza el Estado (vialidad, sistemas de transporte, recuperación de espacios públicos, etc.). Insinúan que los inquilinos queremos que nos “regalen” los inmuebles que ocupamos, con las supuestas intenciones del Estado de expropiar o confiscar… Estas son muestras de la desconexión de estos pseudogremios con la realidad política, económica y social que atraviesa el país, en el marco de una visión, más que socialista, “humanista”.
El Derecho a la Vivienda en la CRBV
En primer lugar, el artículo 82 de la CRBV establece el “derecho a una vivienda digna, segura, cómoda, higiénica…” siendo esta una obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado, en todos sus ámbitos”; además, “el Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición y ampliación de viviendas”.
En virtud de lo anterior, el Estado, por ahora, a pesar de que ha diseñado políticas en materia de construcción y/o adquisición de viviendas, las mismas parecieran ser insuficientes para garantizar el acceso al “techo” de las familias. La realidad es que NUNCA podrían ser suficientes, mientras “el mercado” lo controle la burguesía inmobiliaria, que solo persigue el lucro eterno, generacional, sin importar en lo más mínimo los esfuerzos de las familias en procurarse su vivienda propia.
Surgen las siguientes interrogantes:
¿Por qué el Estado no “interviene” en el mercado secundario de compra venta de viviendas de vieja construcción? Esto reduciría la brecha entre sus políticas y el perverso “mercado”
¿Por qué la Asamblea Nacional y el Ministerio de Vivienda y Hábitat no legislan en lo inmediato, para acabar con la explotación, la usura, la estafa y el engaño, que día a día sufrimos los que no tenemos vivienda?
Esto sucede pese a la insistencia del Comandante Presidente, preocupado y sensibilizado por la problemática de quienes no tenemos vivienda, quien permanentemente “regaña” y “ordena” a sus ministros, diputados, y demás funcionarios a quienes les compete el tema, que apliquen correctivos de inmediato
¿Por qué no accionan?: ¿Desconocimiento? ¿Desinterés? ¿Falta de sensibilidad social? ¿Ineficiencia? ¿Apego a intereses capitalistas? ¿Negocios? ¿Compromisos con la derecha? ¿Sabotaje? ¿Guarimbeo?…
¿O simplemente en sus agendas, las casi dos (2) millones de familias que no tenemos vivienda, no somos una prioridad?
Estas interrogantes se plantean a cada momento, en asambleas de ciudadanos y ciudadanas, asambleas de inquilinos y consejos comunales, a los que nos toca asistir y acompañar.
Si vamos a las cifras, entre los años 2000 y 2010, en tiempos de revolución, los precios de las viviendas de vieja construcción, se han incrementado en promedio, en más de un 1.700 %. Las instituciones han “corrido la arruga”, y hoy nos encontramos con precios inalcanzables. Pongamos un ejemplo: Un apartamento de 75 mts2, en el centro de caracas, en un edificio de mas de 40 años de construido, que hace diez años costaba Bs.F. 30.000 (o 30 millones de los viejos), hoy cuesta Bs.F. 400.000 (o 400 millones de los viejos). Ese mismo apartamento en Chacao, cuesta hoy Bs.F. 550.000 (o 550 millones de los viejos). Y en materia de “alquileres”, pese a la congelación de los cánones de arrendamiento decretada en el 2003, los propietarios se valen de la necesidad de las familias, y con sus artificios “legales” (…) logran que una familia pague entre uno y cinco salarios mínimos actuales de arriendo. ¿Cómo lo hacen?: Giros, cuotas de mantenimiento del edificio, traspasos, etc. Y si no pagas… ¡TE DESALOJO!
El Desalojo Forzoso y/o Arbitrario:
Tocamos un segundo aspecto, que pese al “estado de derecho” y al acceso a la justicia, que en teoría los ciudadanos tenemos, debemos hablar del DESALOJO forzoso y/o arbitrario, el cual, producto de la avanzada del Poder Popular en materia de organización y resistencia, formando una gruesa línea de defensa, con conceptos jurídicos y humanos, para evitar que las familias sean echadas a la calle, por quienes responsablemente hemos denominado las “Mafias Inmobiliarias” (“algunos” jueces de municipio, de primera instancia, ejecutores de medidas, “algunos” funcionarios de cuerpos policiales, GNB, Fiscales del MP, Defensores (…) del niño, niña y adolescente, funcionarios de alcaldías, registros civiles –antes jefaturas civiles-, bandas armadas, depositarias judiciales, administradoras de condominios, y cualquiera con un “carnet” de algún ministerio); Estos, en nombre de la República y la Ley, juegan a la violación de los Derechos Humanos del trabajador, del ama de casa, del estudiante, del discapacitado, del adulto mayor, de la familia, arremetiendo de manera criminal contra el legitimo derecho de posesión de las familias al uso, goce y disfrute de la vivienda, en paz…
Nuevamente nos toca formularnos interrogantes:
¿Acaso un juez desconoce lo dispuesto en la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), referente a los derechos y protección de las familias? ¿No saben que Venezuela, suscribió en 1977 el referido pacto?
¿Desconoce un Juez el contenido de Declaración Universal de Derechos Humanos, concretamente en su artículo 25? ¿Del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y sus respectivas observaciones? ¿Carta Social de las Américas? ¿Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos? ¿Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos? ¿Carta de la OEA?
En el Plano Nacional, ¿lo que establecen los artículos 82 y 86 de la CRBV, por citar algunos? ¿La Ley Orgánica sobre el Ejercicio de las Mujeres a una Vida libre de Violencia? ¿Legislación en materia de protección del Niño, Niña y Adolescente? ¿Decreto con Fuerza, Valor y Rango de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat? Solo por citar algunas leyes, que en sus Universidades debieron, por lo menos, enseñar a respetar…
¿Desconoce un Juez del Siglo XXI, los esfuerzos que el Gobierno Revolucionario, liderado por el Comandante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, viene haciendo en procura de garantizar el disfrute del derecho de posesión de las familias inquilinas en Venezuela? ¿Será que éstos no entienden el mensaje? O peor aún… ¿el acatamiento a sus leyes criminales está por encima de la necesidad y derecho de las familias a un “techo”? Debo suponer entonces, que no conocen el contenido del artículo 136 de la CRBV, que habla de la colaboración entre los poderes públicos para la realización de los fines del Estado.
Gráfica de un Desalojo Forzoso
Vamos a graficar de manera sencilla un DESALOJO FORZOSO: llega el Juez, la depositaria con dos camiones tipo 750, con más de 20 “caleteros”, el cerrajero, gran cantidad de funcionarios policiales o de la GNB, en ocasiones, dependiendo del Juez, las ya comunes “bandas armadas” que lo escoltan, en ocasiones, un fiscal, por si la familia se opone a ser desalojada, para detenerlos en “flagrancia”, por desacato a la autoridad, un defensor (…) del niñ@, no para velar por los intereses del nin@, si no para amenazar a la familia, si hay menores de edad, de que si se pone “cómico”, los niñ@s van a parar a un albergue de menores.
Ya habiendo “reventado” la puerta, o una pared de la vivienda, entran “todos”, secuestran en muchos casos a la familia, la amedrentan, les impiden que llamen a alguien que los defienda, los esposan, y cualquier atrocidad inhumana que se les ocurra a cualquiera de estos personajes. Todos van por el morboso gusto que les da, humillar y poner en la calle a la familia. Y nos preguntamos: ¿solo por justicia? ¿Por devolver al propietario su vivienda libre de personas y enseres? ¿O hay otros intereses? Suponemos que ese afán debe tener un precio, o… ¿cómo se explica tanta movilización? Y lo peor es que en su mayoría, las familias se enteran del desalojo, en el pleno momento en el que llega el tribunal a la vivienda que ocupan como inquilinos.
Los corotos van a una depositaria; los que llegan, claro, por que muchos los hurtan estos personajes. ¿Y la familia? A la calle. Que contradictorio, en vez de garantizar que el cobijo de la familia, el estado y sus leyes se preocupan por que las pertenencias de las familias no se mojen, o pasen frío… y ni hablar del “papeleo” que debe hacer la familia para recuperar sus enseres, partiendo por que primero deben conseguir la depositaria para donde los llevaron.
El ARBITRARIO es más sencillo, un propietario o un supuesto propietario, un abogado, que comúnmente se “disfraza” de Juez o Fiscal del MP, un camión con unos pocos “caleteros”, varios policías, y listo; en minutos, lo amedrentan, amenazan, que si no sale por las buenas va preso, lo sacan y ya. En otra situación, esperan que la familia inquilina vaya a sus labores cotidianas, y al llegar, ZAS, consigue sus enseres “en la calle”, sin derecho a pataleo.
La Clave está en el Poder Popular
¿Falta algo? ¡¡¡SI!!! Algo que los hace correr, los llena de odio, rabia, más saña, de impotencia, pero nunca de sensibilidad, humanismo, solidaridad: EL PODER POPULAR… Todavía las Mafias Inmobiliarias se preguntan, ¿como hace el pueblo para llegar a un desalojo que se vaya o este ejecutando?, ¿como nos enteramos?, ¿quien nos “datea”? Pero el hecho es que antes de que consumen su crimen con violación de DDHH incluida, se consiguen con la línea gruesa, un gran batallón de INQUILIN@S: amas de casa, madres, trabajadores, estudiantes, viejitos, profesionales, maestros, bomberos, consejos comunales, etc. (para nosotros, “el pueblo”, para ellos “malandros”, “lumpen”, “marginales”), y con argumentos legales, pero más HUMANOS, de sensibilidad y de solidaridad, le decimos DE AQUÍ TU NO SACAS A NADIE, CARAJO!!! Y sigue llegando “pueblo”, y mas, y mas… y no ven otra salida, que correr “escoltados” por las policías, con el temor a ser “linchados” (según ellos) por las hordas chavistas. Ah, todo queda bien documentado, de principio a fin; ¿por quienes?, por los únicos que consecuentemente acompañan al pueblo en su tarea de liberación: AVILA TV (any, Daniel, Darwin, Humberto, Jorge, Llanfrancis, Mango, y muchísimos otros).
Gracias a AVILA TV, a los medios públicos y alternativos con coberturas intermitentes, a las organizaciones de inquilinos, consejos comunales… ¡Gracias al pueblo, en nombre de las miles de familias que no han podido ser desalojadas por las Mafias Inmobiliarias, y que hoy Resisten!
De esta manera, el Poder Popular, evita que se ejecuten, por lo menos, el 55% de los Desalojos (Forzosos y Arbitrarios) a nivel Nacional.
Las Cifras:
Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que para el año 2001 (último censo poblacional), existían un poco más de 780 mil familias que habitaban inmuebles en condición de “inquilinos”, y en casi el 25% de los espacios “ocupados”, cohabitan por lo menos dos (2) grupos familiares, lo que eleva la cifra a un valor absoluto real de casi 977 mil familias inquilinas en el país. Ahora bien, si realizamos un cruce con las proyecciones de población al 2010, pudiéramos estar cerca de las 1.400 mil familias inquilinas a nivel nacional.
Satisfacer la demanda de vivienda, significa que solo para dar un “techo propio” a cada una de las familias inquilinas, con el promedio de construcción de viviendas de interés social y a precio justo, que ronda las 47 mil por año, el Estado la cubriría en mas de 25 años, sin contar con la tasa de crecimiento anual de este sector. Creemos que esta no es la principal vía para atacar el déficit de viviendas.
Significa que, ante la arremetida de la burguesía inmobiliaria, la cual pretende desalojar a cientos de miles de familias inquilinas a nivel nacional, de forma progresiva, y así garantizar el “derecho” (…) de quienes, en muchos casos, poseen cientos o miles de viviendas (administradoras, inmobiliarias, consorcios, grupos económicos, etc.), el Gobierno Revolucionario debe en lo inmediato poner un freno, y garantizar la paz de las familias, mientras transitamos en el corto plazo a propuestas que verdaderamente hagan posible que las políticas del estado sean “suficientes” para hacernos propietarios de los espacios que ocupamos.
Los desalojos no conocen distingo de clases, pero en su mayoría son realizados contra familias de estratos “C”, “D” y “E”, sujetos de protección especial por parte del estado; se procuran desalojos a familias de hasta de 40 años de relación arrendaticia, con el solo fin de que una vez fuera de las viviendas, automáticamente el precio de la vivienda “engorda”, puede ser alquilada nuevamente a precio de “mercado”, con nuevas condiciones de usura y explotación, que la familia se ve obligada a aceptar, debido a la poca oferta de inmuebles para el alquiler.
Mas cifras: semanalmente se intentan practicar a nivel nacional, por lo menos 80 “desalojos forzosos” por vía judicial, y mas de 150 “arbitrarios”, lo que debería verse como una situación de emergencia para el estado y los entes relacionados con la problemática de la vivienda, ya que en su mayoría, se producen violaciones a los derechos humanos, desmembramiento de la célula de la sociedad (separación de los hijos, padres y familiares), despoblamiento, y un circulo vicioso de nuevos sujetos a ser explotados.
El Papel de las Organizaciones Sociales de Defensa de los Derechos de las Familias Inquilinas en Venezuela, en el marco de la Revolución Socialista.
El Frente Nacional de Lucha Social para la Vivienda y el Hábitat (o Frente Nacional de Inquilinos), organización social y revolucionaria, creada hace algunos años, y a la cual pertenezco, cuya misión es “ser una PLATAFORMA DE LUCHA SOCIAL, donde los ciudadanos organizados y los colectivos, comencemos a difundir y hacer respetar los derechos humanos y civiles todos los habitantes del país, en especial las personas que no posean vivienda propia, o que se encuentren en situación de vulnerabilidad ante personas o instituciones públicas y privadas que pretendan violentar su derecho a un hábitat adecuado para su grupo familiar”, conjuntamente con organizaciones de inquilinos a nivel nacional, con presencia en los estados Aragua, Carabobo, Lara, Zulia, Miranda, Vargas, Anzoátegui, Bolívar y en los cinco (5) Municipios del Distrito Capital, venimos generando propuestas legales “alternas” para abordar la problemática de la vivienda en el país, y mas concretamente con lograr la mayor suma de felicidad posible para las familias inquilinas del país, consideramos oportuno, hacerlas públicas, y así lograr “sumar voluntades”, para que junto al estado y sus instituciones, avancemos en la materialización de la solución, que beneficie a mas del 60% de las familias que no poseemos viviendas. Dicha propuesta abarca tres (3) grandes aspectos:
1. Inamovilidad Inquilinaria: Garantizar que de manera transitoria, se suspendan por violatorios de los derechos humanos, los cuales deben ser garantizados de acuerdo a lo establecido en la constitución de la república bolivariana de Venezuela y tratados internacionales suscritos por la república, todas las medidas de desalojos forzosos, arbitrarios y secuestros a nivel nacional.
2. Factor Socialista de Valoración de Inmuebles: Debe aplicarse la metodología del avalúo socialista de los inmuebles, considerando el costo de construcción de los inmuebles, incorporaciones de capital, depreciación de los inmuebles (costo y mejoras), índice de mejora del poder adquisitivo de la familia venezolana, entre otros; este factor pudiese aplicarse a viviendas y edificaciones con mas de 30 años de construcción.
3. Oportunidad de realizar la Transferencia de propiedad, a fines de garantizar que el inquilino pueda en el corto plazo, adquirir la vivienda: Materializar la “preferencia ofertiva” realizada por el propietario al inquilino, y que éste último pueda “adquirir” la vivienda a “precio justo”.
Nuestra propuesta debe beneficiar, “en principio” a los siguientes grupos familiares:
1. Familias que habiten en edificaciones con más de 40 años de construcción, donde se demuestre que en por lo menos uno de los inmuebles del mismo, haya existido una relación arrendaticia de mas de 20 años.
2. Grupos familiares donde se evidencie que los arrendatarios sean personas de la tercera edad o discapacitados.
3. Grupos familiares que habiten en viviendas “plurifamiliares” (las “mal llamadas” pensiones y hospedajes).
4. Familias que demuestren que han vivido en condición de inquilinos, por lo menos durante 20 años, en distintos espacios.
5. Cualquier otra consideración, con visión humanista, que proponga el estado.
La Deuda Social en Materia de Vivienda
Es importante destacar, que la deuda social en materia de vivienda, data de mas de 50 años, y pese a los esfuerzos del gobierno revolucionario en saldar la misma, aun persisten intereses económicos que sostienen que la renta inmobiliaria debe ser eterna, heredable. La tarea del poder popular, conjuntamente con su gobierno es tratar de generar propuestas que faciliten la acción del estado; es por eso que el llamado es a consolidar organización, con principios y prácticas humanistas, de desapego al interés de generar lucro, acabar con la explotación, la usura, la estafa, prácticas comunes de las oligarquías opresoras. Es momento de levantar la voz contra el enemigo, que es el mismo enemigo que juega a la desestabilización, al desespero, al golpe de Estado, a la confusión, y juntos hacer justicia, y nuestra justicia pasa por garantizar la liberación de la clase burguesa opresora. Digamos hoy: ¡NI UN DESALOJO MÁS EN NUESTRO PAÍS!, precios justos y transferencia de propiedad.
De Cara a las Elecciones del 26 S
Aprovechemos el escenario electoral que se acerca, ratifiquemos nuestro apoyo a la Revolución Humanista y al presidente Chávez este 26 de septiembre. Atendamos el llamado a convertirnos en un “pueblo legislador”, construyamos desde las propias comunidades, consejos comunales, comunas, consejos de trabajadores, de estudiantes, y en muchos escenarios de discusión y construcción, lo que sólo en revolución ha sido posible: nuevas leyes, nuevas formas de vida, que nos acerquen cada día a la felicidad que nuestro gobierno quiere darnos.
Por ahora, “ORGANIZACIÓN y RESISTENCIA”, nuestra victoria esta cerca, pero mientras llega, luchemos con el corazón contra las mafias inmobiliarias, para que no haya una familia que viva el horror de un DESALOJO.
¡Patria Socialista o Muerte, Venceremos!
José Acuña
Vice-Presidente del Frente Nacional de Inquilinos
Teléfonos: 04168435968 y 04143051121
[email protected]
http://www.aporrea.org/ddhh/a108131.html
