El 16 de febrero de este año el Ejecutivo Nacional anunció la intervención del Hospital Periférico de Coche, ubicado en la Avenida Intercomunal Valle-Coche de la ciudad de Caracas.
Con gran despliegue de los medios estatales, el en ese momento vicepresidente Nicolás Maduro anunció: “Que se haga un solo equipo de trabajo y desde este lunes deben comenzar a pasar cosas positivas.
Lo que esté sucio limpiarlo, lo que esté dañado arreglarlo, lo que haga falta que se traiga y que se remodele lo necesario, pero ya».
La nota de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) destacó: “También informó que se instalará una oficina de trabajo permanente en la que se reunirán diferentes representantes del Gobierno Bolivariano «para escuchar a los médicos de cada servicio que se presta aquí (en el hospital), para escuchar a las enfermeras, a los trabajadores y, más que escucharlos, planificar soluciones y hacerlas juntos».
El propósito de la intervención, además, es convertir al hospital en un modelo especial para la recuperación de los hospitales del país que se encuentran en condiciones similares de deterioro”.
Se informó que una Comisión de “Inspección e Intervención de Hospitales” sería presidida por los ministros de Comunicación, Ernesto Villegas; de Interior y Justicia, Nestor Reverol, y de Salud, Eugenia Sader. AVN informó que 15 días después Nicolás Maduro había vuelto al centro asistencial para realizar una inspección.
Sin embargo cuatro meses después la situación del hospital no ha cambiado significativamente.
El pasado 01 de julio se informó que médicos y pacientes habían realizado una manifestación debido a la ausencia de insumos que garanticen el derecho a la salud: “Los manifestantes denuncian que «las enfermeras trabajan con las uñas.
Ni siquiera hay alcohol, los mismos familiares tenemos llevar los materiales para curar las heridas». La emisora estatal YVKA Mundial confirmó el malestar de la comunidad del centro asistencial, afirmando que la manifestación había sido estimulada por la falla de un equipo de anestesia.
Cualquier usuario o usuaria del sistema público de salud en la red hospitalaria tradicional conoce las penurias existentes para tratarse cualquier dolencia grave.
La ausencia de respuestas por parte de estos centros dependientes del Estado ha originado una particular privatización, por la vía de los hechos, de la asistencia sanitaria en el país: Las personas hacen un esfuerzo inusitado en atenderse en centros privados, a pesar de los altos costos.
La situación es de tal gravedad que las propias instituciones públicas no confían en el sistema estatal de atención de salud, por lo que contratan pólizas de Hospitalización, Cirugía y Maternidad para sus trabajadores y trabajadoras en clínicas privadas.
La demanda es de tal magnitud que muchos de estos centros se encuentran colapsados.
La respuesta del Ejecutivo ha sido enfocarse en la regulación de los precios de los hospitales particulares –medida que es positiva-, pero sin solucionar los problemas estructurales de la red hospitalaria pública del país.
Hay datos que revelan que la atención a este sector es perentoria y urgente.
La Sociedad Venezolana de Oncología denunció días atrás, que entre el 60% y 70% de los pacientes con cáncer en el país, no reciben el tratamiento de radioterapia, debido a la falta de mantenimiento de los equipos y a la escasez de personal para operarlos.
El Centro de Estudios del Desarrollo de la UCV (CENDES), junto al Observatorio Venezolano de la Salud, hizo pública una investigación en la que se constató que 18 de los 26 equipos de radioterapia instalados en hospitales públicos se encuentran dañados.
Llama la atención que no se hayan tomado correctivos en este asunto, cuando el propio fallecido Presidente Chávez debió acudir a otro país a realizarse el tratamiento a su enfermedad.
Esto no ha originado la reflexión necesaria en las autoridades de salud, pero aún estamos a tiempo de diseñar una política pública, eficiente, para los pacientes de cáncer y otras enfermedades graves en el país.
Los informes de la Contraloría General de la República también constatan las fallas en el sector.
Provea, en su investigación “15 años de derechos humanos, inclusión en lo social exclusión en lo político” registró que entre 1997 y el 2007 hubo un dramático descenso del 46% del número de médicos por cada 10.000 habitantes.
Otro indicador que sufrió una merma fue el del número de camas hospitalarias por 10.000 habitantes de -28%. Por otra parte se ha mantenido el promedio estatal de gasto de salud por habitante, lo que sugiere que estamos ante una situación de ineficiencia en el manejo de los recursos.
Días tras día hombre y mujeres de distintas edades sufren las deficiencias en el servicio público de salud. De ellos los más pobres son los más afectados. El presidente Maduro debe cumplir su promesa de mejorar los servicios en los hospitales, transformando las palabras en hechos.
(*) Coordinador del Programa de Investigación de Provea
@fanzinero
