Venezuela se encuentra en los últimos lugares en materia de igualdad LGBT. Baptista lleva cinco años luchando por derechos igualitarios.
Para Edgar Baptista, coordinador del movimiento Proinclusión de Voluntad Popular, los derechos de las minorías no pueden pasar, de ninguna manera, por la opinión de las mayorías. Él aclara que la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) está luchando por el reconocimiento de derechos que tienen negados en Venezuela.
Baptista asegura que mantienen esa lucha alentando el “debate en la opinión pública”, pues casi seis meses después de la entrega del proyecto de ley a la Asamblea Nacional sobre el matrimonio igualitario, aún no ha sido discutido.
“Si la iniciativa popular no se discutiese en el siguiente período legislativo (septiembre-diciembre 2014), pasaría a referéndum automáticamente y eso nosotros (la comunidad LGBT) consideramos que es lo peor que nos puede suceder”, asegura el activista.
El también estudiante de Sociología en la Universidad Central de Venezuela relata que el pasado 31 de enero fueron recibidos por una comisión de diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la Mesa de la Unidad Democrática. “Se comprometieron a incluirlo en el debate, porque, además, estaba respaldado por 20 mil firmas y la vía es la iniciativa popular, tienen la obligación de incluirla en la agenda”, completa Baptista.
Además, afirma que esperan conocer la posición de los diputados con respecto al tema a través de una encuesta publicada por tres organizaciones: Unión Afirmativa, Acción Ciudadana Contra el Sida y Reflejos de Venezuela.
Esta no es la primera vez que se tiene un acercamiento a las autoridades para la exigencia de derechos. Según Baptista, en el año 2011, 12 organizaciones agrupadas en la Red LGBT de Venezuela presentaron una propuesta que fue negada.
El activista cuenta que a partir de esa negativa, las organizaciones no gubernamentales que estaban agrupadas en esa red fueron disgregándose. Esto permitió que se formaran grupos que tratan diversos temas y diferentes enfoques de la comunidad LGBT. Refiere que existen organizaciones regionales, educativas así como politizadas.
Es por eso que los activistas buscan, en palabras de Baptista, la articulación y unión de todo el movimiento, sin distingo de temas ni de tendencia política. “Hemos marchado juntos sin caer en el tema de la polarización. Creemos que necesitamos tener un movimiento LGBT unificado que tenga un peso bastante fuerte en la opinión pública”, expresa.
Sin embargo, la articulación que buscan no es una impuesta desde “arriba”, como, según él, se evidenció en la marcha del orgullo de este año. Baptista, quien tiene cinco años trabajando por la igualdad de derechos, cuenta que se tenían planificadas dos marchas para el último fin de semana de junio.
No obstante, “la marcha del día sábado, que era la que iba hacia las instituciones, fue integrada a la marcha del domingo que llegó a Zona Rental y continuó el camino hasta la asamblea”, manifiesta y deja claro que fue una decisión tomada desde el gobierno.
Aunque el matrimonio igualitario fue el tema principal de la marcha del orgullo, ese no es el único derecho que exigen. El coordinador de Proinclusión explica que también luchan por derechos de pareja (reconocimiento de matrimonios contraídos en el extranjero, uniones estables de hecho), así como por derechos de familia, (posibilidad de adopción, copartenidad y comaternidad), incluyendo también derechos para las personas trans (cambiar su nombre y género legal y así poder tener garantizadas otras garantías) y la penalización a los crímenes de odio por homofobia y transfobia.
La exigencia del matrimonio igualitario, según palabras del también cofundador de Proinclusión, surge gracias a un fallo del Tribunal Supremo de Justicia del año 2008 a un recurso de interpretación que hoy permite solicitar a la asamblea que legisle a favor de la protección de parejas del mismo sexo.
Sin embargo, no todas las respuestas por parte de las autoridades han sido favorables: “la Defensoría del Pueblo prometió a finales del año pasado y comienzos de este año crear una defensoría especial para personas LGBT, y todavía no se ha concretado”, señala.
Baptista precisa que las personas trans son el grupo más afectado dentro de la comunidad LGBT. “Tamara Adrián (profesora y también activista de Proinclusión) en el año 2004 introdujo una solicitud de interpretación para que ella pudiese hacer su cambio de género y nombre de forma legal, la cual no ha tenido respuesta hasta el momento”, declara.
“Hemos acudido varias veces a la fiscalía a solicitar que se haga justicia y se investigue el acoso policial contra las personas trans que están realizando trabajo sexual en la calle, y lo que hemos recibido es inacción de parte de la fiscalía”, indica.
Aunque en la Constitución Nacional estén garantizados los derechos humanos, la exigencia, según el activista, es “que se cumplan las leyes y los convenios a los que Venezuela se ha suscrito”. Desde una perspectiva internacional, Baptista indica que Venezuela está en los últimos lugares en materia de derechos igualitarios, incluso dentro de América Latina.
“Si bien ya no se penalizan las relaciones homosexuales como en Surinam y algunos países del Caribe, no tenemos el reconocimiento de algunos derechos y esa es una situación que nos pone en América y El Caribe en el no reconocimiento de derechos humanos”, señala. (Tony Mendonca, Publicado en entrevistaalauna.wordpress.com)
