Este miércoles, en el marco de la discusión de la Ley Orgánica de Transparencia, la Coalición de Proacceso en conjunto con Transparencia Venezuela, realizaron un foro en torno al derecho a la información y las limitaciones existentes en materia de datos económicos, brotes epidemológicos y acceso a la información pública.

La jornada empezó con la intervención del diputado José Simón Calzadilla, que enfatizó sobre la importancia del trabajo entre comisiones en la Asamblea Nacional, considerando el trabajo continuo de la Comisión de Contraloría, Medios y Finanzas en pro de la Ley de Transparencia. Calzadilla, señaló que este proyecto de Ley, se lleva consolidando desde el año 2009 y que tiene como objetivo fundamental cambiar el papel que debe jugar el servidor público frente al ciudadano.

Para el diputado, uno de los puntos claves de esta Ley, se enfoca en la aprobación de un certificado para la Transparencia como requisito necesario para aprobar la entrega de recursos a funcionarios públicos.

Economía con datos atrasados

Asdrubal Oliveros, director de Ecoanalítica, señaló que existe una falta transparencia en los datos económicos del país, que afecta directamente en la planificación de las empresas.

Los problemas principales para el economista se establecen en torno a las siguientes premisas:

– Fuerte recorte en inversiones y liquidación de activos.
– Disminución del 26,6 PIB per capita desde 2012.
– Falta de actualización de cifras de inflación. (Inflación oficial para Diciembre de 2015: 180,90 – Inflación no oficial para finales de mayo de 2016: 321,6%)
– Desde hace 5 años no se actualizan las cifras del sector público restringido. La última actualización de cifras en materia de escasez se remiten a Marzo de 2014.

Oliveros reiteró la ausencia de datos en relación al balance y distribución económica de empresas públicas.

El legado de la crisis humanitaria

Julio Castro, infectólogo y profesor de medicina de la UCV, expresó que el país atraviesa la peor crisis de Malaria de su historia. Estimó que para final de año quizás se contabilicen alrededor de 200.000 casos de malaria. 

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El especialista precisó que el Gobierno no reconoce la crisis humanitaria en materia de Zika, dengue y Chikunguya, negando la existencia de las mismas y hasta cierto punto criminalizando los casos de la enfermedad. «Cuando surgieron los primeros casos de Zika, Maduro salió diciendo que era un virus inoculado por la oposición, tuvimos que comprarlo, sólo era un virus.»

Castro asegura que han tenido que establecer nodos para crear comunidades en línea para monitorear la escasez de insumos médicos y el aumento de algunas enfermedades. Advirtió que el problema de la mortalidad materna ha ido en aumento los últimos 4 años y que por cada 100.000 nacidos vivos, mueren 110. Destacó también que la microcefalia será una preocupación a largo plazo por falta de previsión.

No hay fuentes

Liseth Boon, periodista de investigación de Runrun.es, fue la encargada de hablar sobre la falta de datos en los portales del Estado. Boon, señaló que existe un bloqueo físico a través del cierre de algunas prensas de algunos entes como CICPC y Palacio de Miraflores. Asimismo, existe un bloqueo y una censura constante en cuanto a la solicitud de entrevistas a periodistas.

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Algunas fuentes que eran abiertas anteriormente: INE, TSJ, MP, IVSS, BCV, Controlaría, Registro Nacional de Contratistas, Ley de Presupuesto, Memorias y Cuentas, Anuario de Mortalidad y Boletín epidemólogico.

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Cabe destacar, que muchas de estas webs han sido renovadas y ante la premisa de cambio, han eliminado los archivos de los años anteriores como es el caso del Ministerio para Salud y los portales de Últimas Noticias y El Universal. «Si ven alguna base de datos en línea, aprovechen las circunstancias y guárdenla, para que no pase lo mismo que ha ocurrido con el caso de Cencoex»

Cuando los ciudadanos conocen los datos

Marcelo Drago, miembro del Consejo Directivo del Consejo para Transparencia en Chile, habló acerca del sistema impuesto en su país en materia de datos públicos.

En Chile, existe un Consejo para la Transparencia, instancia que asegura el derecho de acceso de la información. Éste, no depende del Gobierno como órgano juridiccioonal y busca promover, difundir los datos, así como también fiscaliza el cumplimiento de normas.

El Consejo de la Transparencia está integrado por un Consejo Directivo y Consejo que es designado por el presidente de la República, previo acuerdo 2/3 del Senado en propuestas pares. Tienen una duración de 6 años y sólo puede ser removido por la Corte Suprema.

Los canales mediante los cuales trabaja el Consejo son formularios, cartas y solicitudes. Se determina un plazo de respuesta de 20 días hábiles y puede haber un amparo en caso de haber sido negada la información. Actualmente se han contabilizado 360.143 solicitudes de información (Abril 2009-Febrero 2016) y se han resuelto 141.790 casos. 

Drago reconoció los esfuerzos en materia de información pública que ha consolidado, Panamá, El Salvador, el Reino Unido y recientemente España.

Exigencias con bases

La última ponente de la mañana fue la directora de Transparencia Vnzla, Mercedes De Freitas, la cual habló sobre la necesidad de analizar ciertos puntos de la Ley de Transparencia y el impacto de temas complejos como la publicación de honorarios de trabajadores públicos. Entre los temas que consideró importantes también precisó que el tema de la privacidad tiene que ser estudiado a fondo.

Daniel Klíe

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