De acuerdo a los cálculos que maneja Primero Justicia existen unos 600 mil empleos que están a punto de perderse como consecuencia de las expropiaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional.
Julio Borges, secretario general del partido, hizo este señalamiento en declaraciones ofrecidas el domingo 30 de mayo, desde su sede ubicada en la Torre Credicard, de Chacaíto.
Precisó que en los últimos años se han registrado más de 750 expropiaciones, unas 600 a tierras agrícolas y 150 a empresas en prácticamente todos los sectores económicos del país.
“Estas expropiaciones han afectado de forma directa el empleo de alrededor de 150 mil trabajadores venezolanos: 50 mil en el sector agrícola y 100 mil en el conjunto de empresas tomadas por el Gobierno”.
Argumentó Borges que ya se han vuelto cotidianas las protestas de esos 600 mil trabajadores que ahora tienen un patrono que simplemente los ignora, como lo ha hecho durante estos 11 años con los 2,5 millones de empleados públicos, a quienes ni siquiera les ha pagado los pasivos laborales que superan los 15 mil millones de dólares y que anualmente aumentan a razón de 3 mil millones más.
Pero las expropiaciones también han afectado de forma indirecta a 450 mil trabajadores, si se estima el efecto en toda la cadena de proveedores, distribuidores y clientes de las empresas expropiadas.
“Esto totaliza 600 mil venezolanos que han visto afectada la calidad de su empleo por la obsesión egoísta del Presidente de ser dueño de todo. 600 mil familias venezolanas hoy viven en la zozobra de no saber si correrán igual suerte que los empleados públicos, ignorados permanentemente y que llevan años reclamando mejoras laborales”.
Objetó la tesis del mandatario nacional al afirmar que “la economía que se está desmoronando es la capitalista”.
Recordó que la tasa de desocupación en abril de este año (según cifras oficiales) se ubicó en 8,2%. Esta cifra muestra un repunte del desempleo (considerando que en abril de 2009 fue de 7,7%), que se traduce en casi 73 mil nuevos desempleados.
De allí que insistió en que la propuesta de Primero Justicia es radicalmente distinta: la Economía Social de Mercado, que asume como premisa fundamental promover la iniciativa privada con un Estado que incentive la inversión de los venezolanos en Venezuela y no un Gobierno dueño de todo que nos convierta en empleados públicos. (EC;30.05.10)