juicioalajusticia
Presidente del CNP, Tinedo Guía: «El hostigamiento judicial como política de Estado»

El pasado 10.12.2015, Día Internacional de los Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, derechos humanos, víctimas, activistas participaron en el II simposio Juicio a la Justicia organizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), donde se realizó una evaluación del sistema de administración de justicia venezolano, que en el 2015 presentó deficiencias estructurales y el uso artificioso de fiscalías y tribunales al servicio de intereses sin cabida en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Con este panorama de fondo, la mirada de los ponentes estuvo enfocada en las perspectivas y el trabajo por el fortalecimiento y protección de las instituciones democráticas y los derechos humanos tras las elecciones parlamentarias.

El mensaje unánime fue convocar a los nuevos representantes de la Asamblea Nacional a establecer una alianza consultiva con los representantes de las organizaciones sociales con el propósito de que la prioridad en este nuevo ciclo legislativo sean los intereses de la ciudadanía.

El simposio comenzó a las 11 de la mañana con la ponencia “¿A quién sirve y para qué sirve la justicia venezolana?” del abogado y secretario ejecutivo de la ONG Un Estado de Derecho, Luis Alfonso Herrera Orellana, quien convocó a la nueva AN a renovar los poderes públicos y rechazó la maniobra de la actual AN de precipitar la designación de nuevos magistrados.

  • Ya que los actuales integrantes fueron designados de manera inconstitucional por la Sala Constitucional y por lo tanto son designaciones provisionales. De modo que toca a la nueva Asamblea Nacional designarlos directamente”.
  • La renovación de los poderes públicos es condición esencial para restablecer la vigencia de la Constitución en Venezuela y con ella el Estado de derecho y de la democracia misma”.
  • “No asumir esta responsabilidad en este momento en la historia de nuestra República implicaría muy probablemente que los próximos integrantes de la Asamblea Nacional y de los venezolanos seamos corresponsables de que la justicia venezolana siga al servicio del partido de gobierno y continúe siendo un instrumento de aplicación de una ideología con vocación claramente totalitaria”.
  • “Desde luego son otras las decisiones que también la AN debe tomar para fortalecer una agenda de DDHH en materia presupuestaria, control político, reforma y una cantidad de leyes que conforman los DDHH, la libertad personal, la seguridad ciudadana, es amplia la agenda y ahí la esperanza en la sociedad civil venezolana de que se forme una sinergia consultiva de ganar-ganar entre las nueva autoridades de la AN, la sociedad civil, las universidad y tantas instancias que tienen diagnósticos, informes y recomendaciones muy precisas en materia de DDHH que muy probablemente más pronto que tarde se podrá mejorar la calidad institucional, democrática y el estado de derecho en Venezuela”.

El periodista y presidente del Colegio Nacional de Periodista, Tinedo Guía habló sobre el hostigamiento judicial como política de Estado. Recordando el caso de RCTV como emblemático de la “prepotencia y el abuso del Estado en manos de agentes o actores que simplemente actúan desde la autocracia”.

  • “Ayer sucedió algo muy interesante con quien en su condición de ministro veía con agrado el cierre de medios de comunicación. Ayer convocaron a una rueda de prensa en el Hotel El Conde el ser Giordani para analizar la crisis en la cual ha caído el gobierno venezolano. Cuando eran complacientes con las agresiones de los periodistas, la censura, resulta que los colectivos atacaron al señor Giordani y fueron los periodistas quienes le protegieron, lo llevaron a la avenida Urdaneta y lo ayudaron a escapar”.
  • “La AN tiene la obligación de legislar por el beneficio colectivo y la obligación de escoger a los mejores capacitados para que ocupen los poderes públicos”.

El defensor de DDHH y abogado, Marino Alvarado reflexionó sobre como desde el Estado se han establecido una serie de interpretaciones, normas y leyes para restringir el ejercicio efectivo de defender derechos, criminalizando el ser activista de DDHH, el derecho a la huelga, a la manifestación pacifica y el derecho de petición; acciones que conjugadas con el discurso de odio que mantienen altos funcionarios públicos hace de los defensores blancos de ataques.

  • “Se ha tratado de convencer a un sector de la población en que los activistas somos gente mala. Somos gente que estamos permanentemente conspirando, que hacemos negocio con la gente”.
  • “Se ha incluso criminalizado el ser abogado”.
  • “Aquí tenemos indígenas procesados por la justicia militar por defender derechos del pueblo indígena. Estudiantes ni hablar. Sindicalistas. La criminalización del derecho a la defender derecho abarca todas las áreas de los derechos humanos”.

El simposio convocado en los salones del Hotel Pestana, en el marco del 67º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, cerró con la participación del ex presidente de la CIDH, miembro de la Academia de Ciencias políticas y Sociales y abogado, Carlos Ayala Corao, quien reflexionó sobre la tutela internacional y la importancia de que en el país exista efectivamente una justicia independiente e imparcial.

  • “En Venezuela no teníamos una justicia modelo, pero tras la constituyente se generó una emergencia judicial, provisionalidad judicial, que todavía estamos viviendo y esa falta de independencia judicial ha generado una injusticia. En primer lugar en una dimensión de impunidad. Vivimos una sociedad asediada por el crimen, pero donde los delincuentes andan rampantes. No hay justicia”.
  • “Aunado a eso existe una instrumentalización de esa justicia, de esos fiscales, de esos jueces para la persecución de la disidencia. El enemigo político no tiene derechos, es una amenaza para los Estados y por tanto, si nosotros no tuviéramos las herramientas, las posibilidades internacionales de justicia esto seria una historia muy triste, esto sería una situación en la cual las victimas nunca podrían si quiera tener el atisbo de justicia, de acceder a algún tipo de justicia, detrás de eso esta la situación estructural de falta de independencia más allá de la nacional”.
  • “Los casos llegan al sistema internacional porque no funciona la justicia. El Caracazo llegó porque no funcionó la justicia venezolana. En general el patrón de impunidad que tenemos es porque no funciona el poder judicial para hacer justicia a la víctima”.

Para Ayala, en los últimos años Venezuela ha asistido a un juicio internacional de la justicia, donde ha sido condenada por las instituciones y estándares internacionales en DDHH por poner la justicia al servicio de la revolución y de espalda a los ciudadanos. Ejemplos, el Examen Periódico Universal, los exámenes de los Pactos Internacionales de DDHH, las evaluaciones de la CIDH y la inclusión de Venezuela en el capitulo IV (observación/veto) del informe sobre la situación de los DDHH emitido anualmente por la Comisión.

Ayala recordó la injerencia del Poder Ejecutivo en las actuaciones del Poder Judicial con las destituciones y acusaciones contra jueces y magistrados que llegó a su apogeo con la condena pública contra la Juez María Lourdes Afiuni, cuando en cumplimiento de sus funciones y siguiendo una recomendación del Comité contra las detenciones arbitrarias, procedió a liberar a Eligio Cedeño. (Prensa Provea 13.12.2015)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.