Luis Ugas, integrante de la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de los Derechos Humanos (Fungapdehca), fue trasladado de la zona 4 de Anaco del CICPC a El Tigre en el estado Anzoátegui para la realización de la presentación preliminar por el caso de agresión a unos periodistas.
El presidente de Fungapdehca fue arrestado por funcionarios del CICPC a la salida de una reunión con la fiscal 14, los efectivos sin presentar ninguna orden judicial procedieron a esposar a Ugas y «rompieron sus credenciales de la fundación y le quitaron su uniforme» aseguró Elizabeth Salazar compañera de trabajo del detenido vía telefónica.
Por otra parte, Salazar aseguró que uno de los efectivos le dijo a Ugas «a mí me premiaron por reducir el delito en la zona y no permitiré que sigas haciendo tu labor, te detendré por 3 o 4 días y después hablamos».
Fungapdehca ha denunciado, reiteradamente, violaciones al derecho a la vida y abusos policiales por parte de efectivos adscritos a la Policía de Sotillo y CICPC, situaciones amparadas por la negligencia, y complicidad, del Ministerio Público. En ese contexto, Ugas en conversaciones con Provea antes de su arresto, afirmaba “el 70% de los policías que laboran en el estado Anzoátegui están vinculados a diferentes delitos de violación contra los derechos humanos”.
En esa entrevista el defensor de derechos humanos sostenía «temo que finalmente se inventen algún delito, me metan preso y manden a ahorcar como es la modalidad hoy en día» y la reciente detención confirma esos temores. Al respecto, Salazar, afirma «el temor se mantiene».
Medios de comunicación de Anaco censuran los abusos policiales
En el contexto de impunidad que reina en la zona ante los abusos policiales, los integrantes de Fungapdehca realizaron una protesta contra El Tiempo, El Impacto y La Noticia de Anaco, los cuales no publican las denuncias de familiares víctimas de atropellos, por el contrario, le dan una difusión rápida y sin contrastar información sobre acusaciones contra Ugas y la ONG a la que pertenece.
Al respecto, Salazar denuncia «es una componenda entre cuerpos policiales y los comunicadores sociales. Ellos —los periodistas— llaman a la policía o a los fiscales para ver si pueden publicar determinada información».
Según afirman testigos de lo ocurrido durante la manifestación no había presencia de personas acreditadas como periodistas.
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