Integrantes de la Asociación Civil Acción Solidaria (ACSO) presentaron la mañana de este jueves el primer informe sobre la situación del Derecho a la No Discriminación por VIH en Venezuela.

Esta organización tiene más de quince años trabajando para reducir el impacto social del Virus de Inmunodeficiencia Humana, VIH/sida en el país, creando respuestas integrales en las áreas de prevención y atención.

El coordinador de incidencia pública de ACSO, Mauricio Gutiérrez, dijo que el informe es parte del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en la promoción y defensa del derecho a la no discriminación por VIH a nivel nacional.

El trabajo se hizo en los estados Aragua, Bolívar, Carabobo, Portuguesa, Miranda, Nueva Esparta, Zulia y Distrito Capital, en alianza con las organizaciones Asociación Civil Impulso Vital Aragua (Aciva), Asociación Guayana por la Vida (Agvid), Asociación Manantial de Vida (Amavida), Fundación Gran Familia de la Salud, Manos Amigas por la Vida (Mavid), Proyecto de Vida y Stop VIH.

La muestra de la investigación comprende un universo de 1.228 personas de entre los 14 y 63 años, todos portadores del virus, que cumplen tratamiento en 31 servicios de salud pública o de infectología. Los resultados fueron plasmados en un informe de 220 páginas.

Gutiérrez explicó que el estudio estuvo enmarcado en cinco esferas. “En primer lugar, la del derecho a la protección jurídica y la no discriminación, el derecho a las respuestas políticas, el derecho a disfrutar del más completo bienestar físico, mental y social, el derecho sobre el cuerpo y el libre desarrollo de la personalidad y el derecho de la libre asociación y participación en asuntos públicos”.

Discriminados en centros de salud
El informe arrojó que 70 por ciento de los entrevistados aseguró que el médico o los servicios de salud son los que más discriminan a las personas con VIH.

“Antes del estudio, pensábamos que el sector laboral era donde más discriminaban, pero es justamente el sector público de salud, quienes maltratan a las personas con VIH, seguido de la familia y por último el laboral”, comentó Gutiérrez.

Relató la historia de una joven entrevistada, a quien su familia le prohibía hablar de su condición de salud. “El trato de la familia es importante, una chica muy joven, que presenta buena condición física, me comentó que lo que más le afectaba es que su familia le prohíbe hablar de su condición de salud públicamente y se siente agredida por eso”.

El estudio reveló que 32 por ciento de las personas con VIH no realiza actividades físicas o no busca trabajo por miedo al rechazo.

“Existe un temor muy grande al rechazo, las cifras del informe quieren decir que el temor a ser rechazado paraliza, la persona que tiene VIH vive con miedo, miedo a ser discriminado, miedo que no te den trabajo, miedo que no te permitan estudiar ni tener acceso a la salud, porque si bien es cierto que el Estado de alguna manera parcial da atención médica y entrega la atención retroviral cuando vas a buscar atención médica son discriminados en los centros de salud públicos”, acotó.

A juicio de los integrantes de ACSO es necesario crear un decreto con rango de ley con especial interés en el derecho a la no discriminación y la protección de ese derecho.

“Porque en la ley está prohibida la discriminación, en la Constitución lo dice, el problema es que no hay instancias que protejan el derecho a la no discriminación, ni que lo promocionen, que también es necesario, porque si no conozco mi derecho cómo lo hago cumplir”, puntualizó Gutiérrez.

Otros datos
El informe trató tópicos sobre la prueba de diagnóstico. “Lo primero es que en los centros de salud la hacen sin autorización, lo segundo es que no te dan ningún tipo de información ni antes ni después de recibir los resultados”, señaló Gutiérrez.

Cifras reseñadas en el informe indican que 33 por ciento de las personas con VIH fueron examinadas de manera inconsulta y no sabían qué significaba el resultado, de esos, al 25 por ciento jamás se le explicó los pasos a seguir luego del diagnóstico.

“Aquí se refleja la vulneración de muchísimos derecho, como el derecho a la información, tú me debes informar sobre la enfermedad, por eso es necesario crear en los diferentes centros un equipo de asesores que hablen con los familiares y pacientes”.

La investigación arrojó que en Venezuela a nadie le niegan ni la atención, ni los exámenes sobre el VIH, pero existen limitaciones como la falta de centros de atención.

“En Ciudad Bolívar conversé con una pareja, que tienen que viajar nueve horas desde su lugar de trabajo y residencia hasta el hospital, para recibir atención médica y para retirar los medicamentos que los entregan una vez al mes, en este caso ellos tienen buen carro, pero quien no los tenga, ¿cómo hace? La atención está pero con limitaciones”, indicó.

Gutiérrez informó que en los próximos días el informe estará completo en la página web de la asociación www.accionsolidaria.info disponible para quienes estén interesados en saber más sobre el tema.

 

En Bolívar

En el estado Bolívar la investigación abarcó sólo dos centros de salud público, el módulo de Manoa en San Félix, municipio Caroní, y el Hospital Universitario Ruíz y Páez, en Ciudad Bolívar, municipio Heres.

En ambos centros está ubicado el consultorio para atender los casos de VIH en el estado. En ellos entregan medicamentos y retrovirales y hacen la prueba de diagnóstico.

En Bolívar se entrevistaron a 157 personas, 64 mujeres y 93 hombres en ambos municipios. Gutiérrez aseguró que “no existen cifras oficiales de la cantidad de personas, y sería irresponsable colocar al estado Bolívar en algún renglón, a ningún estado, eso es alarmar”.

Sin embargo, de forma extraoficial explicó que en la consulta de Manoa atienden a un promedio de 200 personas con VIH, mientras que en Ciudad Bolívar la cifra es mucho más alta “aproximadamente 4 mil personas”.

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