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Decenas de elecciones sindicales están paradas en el país por los obstáculos colocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La denuncia fue interpuesta recientemente por la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) en la Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra, foro al cual asistieron voceros del Gobierno a defender la democratización de los espacios laborales.

Solo este 2015, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss) con más de 11 mil afiliados, el sindicato de la Asamblea Nacional, la organización de Telecomunicaciones y el Sindicato Nacional de Trabajadores la Prensa (SNTP), por mencionar algunos, no han concretado sus procesos electorales por la judicialización de los asuntos internos de la organización.

De acuerdo con la memoria y cuenta del Ministerio del Trabajo en el 2014 se registraron 97 nuevas organizaciones sindicales de carácter local y nacional; pese a ello, recientemente el presidente de la Federación Unitaria de Sindicatos Bolivarianos del estado Carabobo, Julio Polanco, denunció que sólo se han legalizado ocho sindicatos este año en esa entidad, cuando la media anual era de más de 100.

Las trabas impuestas por el CNE han obligado en tres oportunidades a la movilización de estas organizaciones laborales durante el primer semestre de 2015. Los trabajadores han exigido que se registren los últimos sindicatos creados y se explique la razón de despidos injustificados así como la nueva estructura del Ministerio del Trabajo.

15 años de injerencia

El génesis de esta historia se remonta a 1999, cuando se le otorga al CNE la potestad de tener voz en la vida de los sindicatos. El doctor en Ciencias del Trabajo, Rafael Marín, lo resume en el análisis La estatización de las elecciones sindicales publicado en la revista Sic del Centro Gumilla.

El CNE convocó a un referendo a los sindicatos y desde 2001 la mayoría ha acatado cada una de las pautas del ente electoral. Aunque a partir de 2009 el árbitro solo opera a solicitud, la mayoría de las organizaciones lo han convocado para evitar problemas.

Esta intervención del CNE, respaldada por el TSJ, se ha puesto de manifiesto en 2015 por una simple razón, expone la coordinadora nacional de Unete, Marcela Máspero: “El Gobierno tiene perdidas todas las bases de los sindicatos y saben que van a perder, por eso recurren a la Sala Electoral para obstaculizar todos los procesos sobre todo en un año crucial”.

Máspero compara esta decisión con las inhabilitaciones impuestas a dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), “con todas las diferencias que podamos tener con María Corina Machado, por ejemplo, la decisión se fundamenta en la misma razón: saben que van a perder”.

Y aunque las normas del CNE y la interferencia del TSJ son contrarias al Convenio 87 sobre Libertad Sindical suscrito por Venezuela ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Ejecutivo ha desoído los exhortos del organismo para la eliminación del intervencionismo.

De hecho, sostuvo Máspero, ha centralizado aún más las decisiones al suspender -mediante la Sala Constitucional- el artículo 406 de la Lottt (el 21 de mayo de 2014) que daba competencia a los tribunales laborales para ordenar la convocatoria a elecciones y, con esto, centralizar en el TSJ la última palabra en este sentido.

Cancha abierta

Las decisiones, sin embargo, han encontrado caldo cultivo en la desfragmentación del movimiento sindical, cuyos desvaríos han facilitado la intromisión del Ejecutivo a través del paralelismo, la corrupción, el clientelismo político y la intimidación en los procesos electorales como las últimas elecciones en CVG Bauxilum cuyos resultados han quedado en entredicho.

De acuerdo con el informe anual 2014 del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), en un período de 18 años (1982-1999) “la dirigencia sindical venezolana acudió -a través del mecanismo de queja formal- ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT en 28 ocasiones, para denunciar violaciones al derecho a la libertad sindical (…) Mientras que en un período de 15 años (2000-2014) las organizaciones sindicales presentaron 30 quejas por violaciones a la libertad sindical”.

Por las continuas violaciones a los convenios internacionales, el 12 de diciembre de 2013 Provea junto a diversos sindicatos del país demandaron ante el TSJ la nulidad de los artículos de la Ley Orgánica del Trabajo (Lottt) que violan la libertad sindical. Un año y medio después aún no hay pronunciamiento sobre la admisión de la demanda ni la solicitud de amparo. (Clavel Rangel, Correo del Caroní, 29.07.2015)

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